Son muchas las preguntas en torno a los derechos y obligaciones nos confiere la Ley en un arrendamiento. El 6 de junio 2013 entró en vigor la reforma de la LAU señalando en su exposición de motivos que su objetivo principal es promover y flexibilizar el mercado del alquiler de viviendas. En mi constante actitud crítica hacia las novedades legislativas, no creo que esta finalidad se haya producido, pero al menos se ha trabajado en ello. Las principales novedades de la ley podrían ser resumidas así:

1.-  Prioridad a una de las máximas del derecho: refuerza la libertad de pactos entre las partes.

2.- El plazo será el pactado, pero ahora la duración mínima del arrendamiento cuando se destina a vivienda se reduce de 5 a 3 años.- Además del período mínimo de duración, también se modifica la prórroga tácita, que pasa de tres a un año. Ahora bien, si después del primer año de duración del contrato, el arrendador comunica al arrendatario, con un  dos meses de antelación, que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda para sí o sus familiares, (o para su cónyuge en sentencia firme de disolución del vínculo), no procederá la prórroga obligatoria del contrato y el arrendador puede recuperar la posesión del inmueble.

3.- Las partes podrán pactar libremente la forma en la que la renta se actualizará, pero en defecto de pacto expreso, el contrato se actualizará aplicando la variación porcentual experimentada por el IPC, y sólo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato.

4.- Se crea un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, que tiene como finalidad ofrecer información sobre personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta en arrendamientos y que, por dicho motivo han sido desahuciados.¿Cuántas veces ha ocurrido el clásico supuesto del inquilino perfecto en la entrevista que resulta ser un moroso profesional?

5.- Se establece la posibilidad antes inexistente,  de que una vez transcurridos los primeros seis meses de duración del contrato de arrendamiento, el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento. Ahora bien, un trámite formal: se lo debe comunicar al arrendador con una antelación mínima de treinta días.

Son muchos los que acuden a mi despacho a resolver sus dudas sobre contratos a celebrar en los que no habrá intervención notarial. Si bien los notarios debemos prestar ese asesoramiento de manera gratuita, debe acudirse a él con proporcionalidad y sentido común.